Cuando Bernardo Arévalo, defensor anticorrupción, obtuvo un triunfo aplastante en la contienda presidencial de Guatemala, los votantes llegaron a la capital del país más poblado de Centroamérica para celebrar. Pero el ánimo en las calles ha cambiado en tanto que los enemigos de Arévalo intensifican los esfuerzos para evitar al presidente electo que ocupe el cargo en unas semanas.
En una región que ya se encuentra tensa por la bienvenida a tácticas autoritarias que restringen las libertades democráticas, no solo en Guatemala, sino en los vecinos Nicaragua y El Salvador, los analistas dicen que el ataque de tierra arrasada contra un líder electo democráticamente en un intento para evitar la transferencia ordenada del poder es síntoma de un país al borde de una crisis política.
En una entrevista, Arévalo (un sociólogo formado en Israel y el candidato más progresista en llegar tan lejos desde que se restauró la democracia en Guatemala en 1985 tras décadas de gobierno militar), insistió que aún ve un camino para ocupar el cargo. Pero reconoció que enfrenta enormes obstáculos.
Manifestantes indígenas acampan frente a la oficina de la fiscala general para exigir su dimisión por investigar a Arévalo.Credit…Daniele Volpe para The New York Times
“En el siglo 20 eran golpes de fuerza con tanques, bayonetas, con militares y duraban dos o tres días”, comentó Arévalo. “Los golpes del siglo 21 son dados con diputados, con abogados, en las cortes, se hacen así”, dijo. “Es más sofisticado, tarda mucho más tiempo, se hace con la pretensión de que se continúa con las instituciones”
“Pero la verdad es que son cascarones en los que la legalidad ha quedado tirada” dijo,
Tan pronto como Arévalo pasó por poco a segunda vuelta en el verano, empezaron a surgir las señales de alarma para la frágil democracia guatemalteca. Arévalo es hijo de Juan José Arévalo, un expresidente aún elogiado por la creación del sistema de seguridad social y la protección a la libertad de expresión.
Un fiscal rápidamente tomó medidas para suspender al partido emergente de Arévalo, Movimiento Semilla, y cuando ganó de forma aplastante las elecciones de agosto, las autoridades judiciales e integrantes del Congreso ampliaron su campaña contra el presidente electo y sus aliados.
Estos esfuerzos han llegado al paroxismo en días recientes, cuando los fiscales y el Congreso avanzaron para retirar a Arévalo su inmunidad judicial y en efecto anular los resultados de las elecciones. Junto con otros intentos por retirar la inmunidad a Arévalo y encarcelar a algunos de sus aliados, estas medidas podrían abrir el camino para que funcionarios judiciales busquen arrestarlo y entorpecer la transferencia de poderes prevista para mediados de enero.
Leonor Morales, una fiscala que encabezó los esfuerzos más recientes contra Arévalo, acusó a Semilla de usar firmas fraudulentas para registrarse como partido político. “Semilla nunca ha nacido a la vía jurídica, pues su constitución fue mediante acciones corruptas e ilegales”, dijo Morales a la prensa la semana pasada.
Al buscar inhabilitar al partido de Arévalo y posiblemente, por extensión, el resultado electoral, una alianza de fiscales y congresistas conservadores, que trabajan sin objeciones por parte del presidente saliente, Alejandro Giammattei, avanzan con un impulso que ya lleva años en la búsqueda de consolidar y proteger su poder, dijeron algunos juristas.
Alejandro Balsells, autoridad en derecho constitucional, dijo que los funcionarios que intensifican los ataques jurídicos contra el presidente electo están en una “dinámica de quemar las naves” y comparó sus tácticas a las de Hernán Cortés, que hundió sus barcos para evitar que sus hombres retrocedieran de la que sería la conquista del imperio Azteca.
En este caso, dijo Balsells, fiscales y legisladores estaban participando en un esquema para revertir los resultados de las elecciones y empleaban casi todas las herramientas a su disposición a fin de que los tribunales y el Congreso actúen en contra de Arévalo.
Para algunos de los seguidores de Arévalo, tal postura equivale a robar las elecciones. “Si asume sería un milagro” dijo de Arévalo Claudia González, destacada abogada de derechos humanos que estuvo en prisión este año durante 82 días.
González había trabajado en una misión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas que fue cerrada, lo que transformó a Guatemala de un escenario donde se estaba erradicando la corrupción a un país en el que decenas de jueces y fiscales han sido obligados a exiliarse.
El cambio ha sido irritante para el gobierno de Joe Biden, que repetidamente ha expresado apoyo para Arévalo y ha intentado apuntalar los esfuerzos anticorrupción en Guatemala. Este mes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Miguel Martínez, un aliado cercano de Giammattei, debido a esquemas generalizados de coimas.
Pero el impulso de los funcionarios guatemaltecos para que Arévalo no llegue al poder deja en claro los límites de la influencia estadounidense en Guatemala, donde EE. UU. solía tener peso considerable.
Los seguidores de Arévalo, en respuesta, están en un tenso enfrentamiento con las autoridades en algunos lugares de la capital guatemalteca. Luego de salir a las calles en octubre en protestas antigubernamentales por todo el país, los manifestantes indígenas acamparon frente a la sede de la fiscalía general para mostrar su respaldo al presidente electo.
“Nuestra lucha de hoy no es por el partido Semilla ni por Bernardo, es por la poquita democracia que tenemos”, dijo Rigoberto Juárez, un líder indígena de 66 años originario de Huehuetenango en la sierra occidental de Guatemala. Dijo que habían depositado su confianza en Arévalo, “y no reconocer ese voto es un atentado” contra los pueblos indígenas, comentó.
Hay temor de que los adversarios de Arévalo estén dispuestos a llegar lejos a fin de evitar que ocupe el cargo.
Los últimos magistrados que salieron del país eran integrantes de la autoridad que supervisa las elecciones y que había certificado los resultados de la votación y bloqueado la suspensión al partido de Arévalo. El mismo día en que el Congreso les retiró su inmunidad abordaron vuelos para salir de Guatemala.
Si logra ocupar la presidencia, el Congreso también ha avanzado para incapacitar a Arévalo este mes al aprobar un presupuesto que limitaría de forma severa su capacidad de erogar recursos en dos de sus principales prioridades: la educación y la atención de salud.
Arévalo aseguró que los integrantes de la alianza gobernante le dijeron que se pagaron coimas para asegurarse los votos de los legisladores a favor de un “paquete” que incluía el presupuesto y la eliminación de la inmunidad de los magistrados.
“A nosotros nos han dicho de sumas que han ido aumentando de manera progresiva”, dijo Arévalo. “Iniciaron ofreciendo 150.000 quetzales por aprobación de presupuesto. Después nos dijeron que elevaron la suma a 200.000, después a 250.000 quetzales” (250.000 quetzales son alrededor de 32.000 dólares); no fue posible verificar de forma independiente estas afirmaciones.
Al mismo tiempo, un poderoso fiscal, Rafael Curruchiche, ha montado uno de los casos que intenta retirarle a Arévalo su inmunidad. Curruchiche, que también ha sido puesto en una lista de funcionarios centroamericanos acusados de corrupción por Estados Unidos, asegura que el partido de Arévalo consiguió firmas y financiamiento fraudulentos.
Los fiscales también intentan que Arévalo se quede sin su inmunidad procesal en conexión con unas protestas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si bien los detalles del caso son difusos, los fiscales argumentan que las publicaciones de Arévalo en las redes sociales para apoyar las protestas estudiantiles constituyen participación en lo que la fiscalía general arguye que es una ocupación ilegal.
Está por verse cómo procederán los esfuerzos para despojar a Arévalo de su inmunidad. El Tribunal Supremo del país aún podría intervenir, aunque dicha institución está controlada por los adversarios del presidente electo. Si la inmunidad de Arévalo es retirada y se le arresta, el Congreso podría nombrar a un presidente encargado hasta que se convoque a nuevas elecciones.
Por su parte, el presidente electo, que dice que los fiscales “fabricaron” el caso en su contra, insiste en que se agota el tiempo para dichas maniobras. Invocando el derecho guatemalteco, Arévalo dijo que la inmunidad solo puede retirarse en sesiones ordinarias del Congreso, que concluyeron en noviembre. “Ya no es posible”, dijo.
Pero hay quienes no están seguros de que los adversarios de Arévalo vayan a cejar en sus ataques. Will Freeman, investigador de estudios de América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que las autoridades de Guatemala habían usado la ley una y otra vez como un arma para aplastar las iniciativas anticorrupción.
“Si fuera solo para atar de manos a Arévalo, ya lo han logrado”, dijo Freeman. “Estamos viendo un impulso para evitar que Arévalo asuma el cargo”.
Para quienes están atrapados en la mira de los fiscales de Guatemala mientras estos avanzan contra Arévalo y sus aliados, esto significa que la espera hasta la toma de posesión del presidente electo está llena de ansiedad.
“Ese como miedo que se queda, o sea, como tipo trauma”, dijo Marcela Blanco, de 23 años e integrante del partido de Arévalo, que fue arrestada y detenida durante 11 días en noviembre. Siente “que ya no estás segura en tu casa, me siento como que en cualquier momento otra vez el Ministerio Público puede llegar y despertarte a la mitad de tus sueños y cambiarte la vida por completo”.
Simon Romero es corresponsal en Ciudad de México, y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Se ha desempeñado como jefe del buró del Times en Brasil, jefe del buró andino y corresponsal internacional de energía. Más de Simon Romero
