Chiquita es declarada responsable de muertes durante el conflicto en Colombia

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Un jurado de Florida del Sur ha dictaminado que Chiquita Brands es responsable de ocho asesinatos llevados a cabo por un grupo paramilitar de derecha que la empresa ayudó a financiar en una fértil región bananera de Colombia durante el conflicto interno que asedió al país durante décadas.

El lunes, el jurado ordenó a la multinacional productora de plátanos pagar 38,3 millones de dólares a 16 familiares de agricultores, además de otros civiles, que fueron asesinados en incidentes separados por las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de derecha que Chiquita financió de 1997 a 2004.

La compañía ha enfrentado cientos de demandas similares presentadas en tribunales de EE. UU. por las familias de miles de víctimas de la violencia generada por el grupo paramilitar en Colombia. Sin embargo, el veredicto en Florida destaca por ser la primera ocasión en que Chiquita es declarada culpable.

De acuerdo con expertos legales, esta decisión, que la compañía aseguró que apelaría, podría influir los resultados de otras demandas.

Este veredicto a favor de las víctimas es un caso poco común —dentro y fuera de Colombia— en el que una corporación privada es declarada responsable ante las víctimas resultantes de sus operaciones en regiones con violencia generalizada o agitación social, dijeron los expertos.

“Estamos muy satisfechos con el veredicto del jurado, pero no podemos olvidar que hablamos de abusos terribles”, afirmó Marco Simons, abogado del grupo ambientalista y de derechos humanos EarthRights International, quien representó a una de las familias que presentaron la demanda.

“El veredicto no traerá de vuelta a los esposos y a los hijos asesinados, pero aclara los hechos y pone la responsabilidad de financiar el terrorismo donde corresponde: en manos de Chiquita”, señaló la abogada Agnieszka Fryszman, quien también representó a los demandantes.

Los miembros del jurado llegaron a esa decisión después de dos días de deliberación y seis semanas de un juicio llevado a cabo en el tribunal de distrito de EE. UU. de West Palm Beach, en el que los abogados argumentaron acerca de la motivación detrás de los pagos que los ejecutivos admitieron haber realizado al grupo paramilitar.

[Este artículo está en proceso de traducción y será actualizado en breve]